Los sucesivos acuerdos firmados por el Govern y los socios de investidura (Esquerra Republicana y Comuns) para convalidar los dos suplementos de crédito que permitirán elevar el presupuesto prorrogado de este ejercicio en unos 3.500 millones obligarán a las conselleries a “repriorizar”, según la consellera de Economia, Alícia Romero, puesto que muchas de las partidas comprometidas pueden superar el montante hasta ahora habilitado.
En rueda de prensa desde la conselleria, Romero se ha vanagloriado por el hecho de que hasta la fecha el Govern ha podido aprobar, tras acordarlo con sus socios, dos suplementos de crédito, uno de 2.168 millones y otro de 1.301 millones, que serán convalidados próximamente en el Parlament, el primero este mismo miércoles. Pero consciente de que las medidas pactadas y las partidas para cada una de ellas requieren de una ejecución por parte de cada departamento, les ha pedido priorizar sus políticas para acometer estos pactos. “Son 3.500 millones los que hemos aprobado y los acuerdos encajan”, pero “uno de los esfuerzos que pedimos a los consellers es que reprioricen”, que “a las peticiones que hagan, tienen que priorizar…” porque “tenemos 42 diputados y hay que negociar”, ha remarcado.
La consellera ha lanzado esta petición ante la próxima negociación del tercer suplemento de crédito a la que aspira el Ejecutivo de Salvador Illa, de unos 500 millones, con el que se llegará a los 4.000 millones de suplemento del presupuesto prorrogado de este año, unos recursos necesarios en parte para la sostenibilidad del sistema público y para empezar a poner en marcha el plan de gobierno.
“Uno de los esfuerzos que pedimos a los consellers es que reprioricen” porque “tenemos 42 diputados y hay que negociar”
Romero ha comparecido desde la sede de Economia junto a la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, Jéssica Albiach, con quien el Govern cerró la semana pasada un acuerdo global sobre el destino de los recursos de los dos suplementos hasta ahora aprobados. Según este acuerdo, el Ejecutivo socialista destinará un total de 850 millones de euros de recursos propias a políticas de vivienda, que se unirán a los 600 millones en créditos del Institut Català de Finances (ICF), de manera que en total se prevén destinar 1.450 millones a estas políticas, “la partida más alta de la historia de la Generalitat en este ámbito”, aseguran.
Los Comuns también han arrancado al Govern el compromiso de destinar 60 inspectores que se encarguen de vigilar el cumplimiento de la ley de vivienda y el régimen sancionador recién aprobado en el Paralment antes que acabe junio, y llegar a los 100 inspectores antes de que acaba el año. También han alcanzado el compromiso de crear una unidad específica para luchar contra desahucios y el Govern deberá hacer un informe sobre el racismo inmobiliario, “que hace que haya gente que tenga más dificultad de acceso a una vivienda”, según Albiach.
Los acuerdos con los Comuns
850 millones en vivienda, 13 millones en salud bucodental, 10 millones para salud mental y 20 millones a la energética pública
En el ámbito sanitario, el Govern prevé destinar 13 millones de euros a a desarrollar el programa de salud bucodental y otros 10 millones para la atención en salud mental de jóvenes y adolescentes. Y en el ámbito de las energías renovables, la formación ecosocialista ha pactado con Economia destinar 20 millones de euros a la compañía energética pública.
Estas partidas y otras ya acordada con ERC, como los 388 millones para la lucha contra los aranceles decretados -y suspendidos por ahora- por EE.UU. hacen que el presupuesto incrementado hasta la fecha -3.500- millones, se antoje pequeño. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte del primer suplemento de crédito ya estaba comprometido y casi 1.000 millones del segundo también lo están (en este caso para pagar el incremento de sueldo de los funcionarios conforme al IPC).
En todo caso, Romero recuerda que el hecho de que haya habido una suspensión cautelar de los aranceles favorece las expectativas, así como que aún hay pendiente aprobar un tercer suplemento de crédito de 500 millones, que “nos gustaría que estuviera -acordad- este mes de mayo”, ha deseado.
Tasa turística
Los Comuns reprochan a ERC su “giro conservador”
El Govern también cuenta con la fiscalidad para aumentar los recursos disponibles, entre ellos el aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales y la tasa turística. Pero esta última está en stanby. Su puesta en marcha se ha visto frenada por la tramitación parlamentaria. De la aprobación como decreto se pasará al proyecto de ley, mucho más larga, con el objetivo de incorporar modificaciones, y aquí hay un profundo desacuerdo entre ERC y Comuns.
Los republicanos han lanzado una propuesta para limitar su impacto haciendo una distinción entre la temporada alta y baja, de manera que se pagaría una tasa superior del 1 de abril al 30 de septiembre y una tasa inferior del 1 de octubre al 31 de marzo. Para Albiach, esta propuesta es “decepcionante”. “Esperábamos este posicionamiento de la tasa turística de Junts pero no de ERC. Se equivocan profundamente”, ha insistido la dirigente antes de poner como ejemplo el caso de quien se vaya a esquiar a Baqueira, que “pagará menos tasa turística que ahora”, o quien venga para acudir al Mobile o para pasar las vacaciones de Semana Santa. “Estamos dispuestos a negociar pero hay un giro conservador -de ERC- que también se ve en cuanto al cierre de las nucleares”, ha lamentado Albiach.
