En su impactante libro de memorias El mundo de ayer, publicado póstumamente en 1942, el escritor austriaco Stefan Zweig rememoraba los tiempos anteriores a la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, una época donde -entre muchas otras cosas- se podía viajar con total libertad. “El mundo entero se abría ante nosotros, podíamos viajar sin pasaporte ni permiso adonde nos diera la gana, nadie nos examinaba por razón de ideología, raza, origen o religión”, recordaba. Hoy lo más parecido que existe a ese mundo desaparecido es el llamado espacio Schengen de libre circulación en Europa.
Schengen es un pueblo vitivinícola luxemburgués situado a orillas del río Mosela, en un vértice junto a las fronteras de Alemania y Francia. Su posición geográfica, ya que no su historia, hizo que cinco de los países fundadores de la Unión –Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo- firmaran allí el 14 de junio de 1985 el tratado que lleva su nombre, que instauraba la libertad de movimiento de todos los ciudadanos y la supresión de facto de las fronteras interiores.
El espacio Schengen se fue ampliando, a partir de ahí, en sucesivas oleadas -España se sumó en el 2000- hasta culminar con la incorporación a principios de este año de Bulgaria y Rumanía. Hoy atañe a una población de 450 millones de habitantes de 29 países, 25 de ellos de la Unión Europea -todos menos Irlanda y Chipre- y cuatro extracomunitarios -Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza-.
Con mil excusas y pretextos, numerosos países han restablecido los controles fronterizos
La libre circulación por Europa es uno de los signos más visibles de la integración europea -junto al euro- y de los más apreciados por los ciudadanos. Sin embargo, la conmemoración del 40º aniversario del tratado es más bien agridulce, en un momento en que su letra y su espíritu están siendo seriamente puestos a prueba. Con mil excusas y pretextos, pero bajo el común objetivo de frenar la inmigración ilegal, numerosos países han restablecido los controles fronterizos interiores.
La desaparición de las fronteras interiores tenía como contrapartida el refuerzo de las fronteras exteriores de la UE. Y a lo largo de los años se han puesto en marcha sucesivos instrumentos para poner en común una política tradicionalmente asociada a la soberanía nacional: el Sistema de Información Schengen (SIS), el Sistema Integrado de Vigilancia Externa (SIVE), la agencia Frontex y el pacto sobre inmigración y asilo (la última actualización del cual fue aprobada en abril de 2024 no sin fuertes discrepancias y con una entrada en vigor diferida hasta el 2026). Pero su funcionamiento es discutido.
Tan discutido que incluso aquellos países más fervorosamente europeístas se han acogido a las excepciones previstas en el propio tratado de Schengen para suspender temporalmente la libre circulación y restablecer los controles fronterizos. El problema es que se trata de una temporalidad que tiende a alargarse demasiado. Inicialmente, este mecanismo se utilizaba en momentos puntuales: una cumbre internacional o en caso de alertas por terrorismo. Pero desde el 2015, tras el alud de refugiados procedentes de Siria y Afganistán, el motivo principal es la inmigración.
Policías franceses, vigilando esta semana en la Gare du Nord, de París, en el dispositivo especial para cazar inmigrantes ilegales
En los últimos años, hasta una decena de países han restablecido los controles fronterizos, alegando amenazas a la seguridad o la necesidad de controlar la inmigración ilegal. No son pocos, ni insignificantes: Alemania, Austria, Bulgaria -nada más entrar, con su vecina Rumanía-, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia. El acuerdo de Schengen estipula que estas situaciones deben ser excepcionales y temporales -y así lo subrayaba una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un fallo del 26 de abril del 2022-, pero nadie hace demasiado caso y la Comisión Europea va renovando las autorizaciones mientras mira hacia otro lado.
La tendencia no es precisamente a corregir esta deriva, sino a profundizarla. Ante la presión creciente de la extrema derecha en materia de política migratoria, los gobiernos tienden a endurecer su legislación y su acción. Así, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió recientemente que podría sumarse también al club de las restricciones.
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En esta línea, el ministro francés del Interior, Bruno Retailleau -nuevo líder de Los Republicanos y exponente del ala más próxima a la extrema derecha de la derecha presuntamente gaullista-, acaba de movilizar durante 48 horas a 4.000 agentes del orden para perseguir a inmigrantes ilegales en ferrocarriles y estaciones de tren, en una operación de evocaciones trumpistas. Ignorante, al parecer, de lo estipulado por Schengen -del que Francia es país impulsor-, ha anunciado asimismo la creación de una “fuerza de frontera” para extremar los controles.
La progresiva transformación de Europa en una fortaleza -para algunos, insuficiente- se está haciendo además a costa de una espeluznante tragedia humana en el Mediterráneo, donde han perecido o desaparecido desde el 2014 más de 75.000 migrantes, según datos oficiales de la ONU. “Si los acuerdos de Schengen constituyen un avance extraordinario en la vía de la supresión de las fronteras para los europeos, parecen haber agravado, en un clima de crecimiento del miedo y la afirmación de los soberanismos, el respeto de los derechos humanos alrededor de las fronteras exteriores de Europa”, constataba con motivo del 40º aniversario la Fundación Schuman. Es la otra cara de Schengen.
· Retorno a Europa. Dos días antes de que un puñado de países firmara el acuerdo de Schengen, que instauró la libre circulación entre países europeos por encima de las fronteras, España firmaba su ingreso en la que acabara convirtiéndose en la Unión Europea. Cuarenta años después, pese a que la conmemoración quedó deslucida por la lucha partidista, la adhesión de España a Europa suscita un amplio consenso entre los españoles, que se cuentan entre los más europeístas del continente: siete de cada diez se sienten vinculados a la identidad europea. La incorporación a la construcción europea fue, en España, una aspiración colectiva vinculada a la recuperación de la democracia tras la larga dictadura franquista, doble cara de una misma moneda.
· ¡Viva la aceleración! Acelerar, acelerar… parece ser el nuevo mantra en las difíciles negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente Donald Trump se encontraron por primera vez esta semana en la cumbre del G-7, en Canadá, y acordaron “acelerar” las negociaciones. De hecho, en su primera conversación telefónica, el pasado 26 de mayo, acordaron exactamente lo mismo: “acelerar”. El problema no es el ritmo, sino la resistencia de la UE a acceder a algunas de las demandas de Washington. Trump, que se muestra irritado con esta resistencia, ha puesto el 9 de julio como fecha límite para llegar a un acuerdo que él considere justo para EE.UU. Si no, volverá la guerra de los aranceles.
· Macron en el Ártico. Crecientemente absorbido por la crisis de Oriente Medio, que ha derivado en los últimos días en una guerra abierta entre Israel e Irán, Donald Trump parece haberse olvidado momentáneamente de sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia, territorio ártico que pertenece a Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, no lo ha olvidado y aprovechó su viaje hacia Canadá para participar en la cumbre del G-7 para hacer una escala en Groenlandia y expresar su apoyo y solidaridad a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. “Es importante que Dinamarca y los europeos se comprometan con este territorio, que tiene gran importancia estratégica y cuya integridad territorial debe respetarse”, declaró.
