La Generalitat se personará como acusación particular en la causa penal abierta contra los tres albaceas testamentarios investigados por presuntamente apropiarse de forma indebida del legado del empresario y filántropo Pere Mir, fallecido en 2017. El Govern ha tomado esta decisión después de que el Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Justicia interviniera las fundaciones Cellex y Mir Puig y cuatro empresas vinculadas de acuerdo con lo ordenado por el juzgado de instrucción 12 de Barcelona, que dirige la causa judicial.
La juez decidió abrir una investigación contra los tres administradores del legado de Mir, Josep Maria Tabernero (director del Instituto de Oncología de la Vall d’Hebron), Jordi Segarra (presidente de las dos fundaciones) y el abogado Joan Francesc Capellas, por los delitos de apropiación indebida y administración desleal al detectar desvíos de dinero sospechosos y considerar que descapitalizaron el legado de Mir. Los tres fueron detenidos mientras los Mossos d’Esquadra practicaban un registro en sus domicilios en busca de documentación sensible.
La denuncia inicial la interpuso Àngel Surroca, que fue consejero delegado y administrador único de Derivados Forestales, empresa que granjeó la fortuna Mir, y que puso en alerta a la administración de un posible desvío de fondos desde las fundaciones. Unas sospechas que quedaron reflejadas en un informe del detective Paco Marco, que Surroca entregó al Protectorado de Fundaciones.
El Govern toma la decisión tras hacerse cargo de la gestión de las fundaciones del filántropo Pere Mir
Los Mossos abrieron una investigación de oficio tras las informaciones publicadas sobre la denuncia de Surroca y, tras dos años de investigación, entregaron a la juez un atestado que indicaba que los albaceas, en especial Jordi Segarra Pijuan, no cumplieron con su deber de destinar el patrimonio legado por Mir y su esposa a las fundaciones Cellex y Mir Puig.
Pere Mir falleció en 2017 y su herencia pasó a su mujer, Núria Pàmias, con la condición de que tras la muerte de ésta el patrimonio fuese transferido a Cellex. Antes de morir, el empresario confió la administración de sus empresas y patrimonio a Jordi Segarra Pijuan, “a quien confirió poderes amplios” y sobre quién se centran las sospechas. El dinero que recibieron las fundaciones tras el fallecimiento del matrimonio fueron apenas 15 millones de euros, una cantidad considerada irrisoria por el denunciante. De hecho, el patrimonio del empresario llegó a ser de unos 120 millones de euros en el año 2014, según los cálculos de la Agencia Tributaria.
Los Mossos reconstruyeron el entramado societario bajo el cual se asentaba la fortuna de Mir. Después de vender su empresa Derivados Forestales y Formo entre 2002 y 2006 por 146 millones de euros, su fortuna fue gestionada a través de varias sociedades de Luxemburgo, Panamá y España. A partir de la gestión de dichas sociedades, Mir impulsó su actividad filantrópica con donaciones a organizaciones científicas que le valieron el reconocimiento público y que lo erigieron como el gran mecenas de la ciencia en Catalunya.
La juez investiga a los tres albaceas encargados de administrar el legado del empresario químico
Los Mossos señalan que los albaceas “habrían ocultado intencionadamente una parte muy importante del patrimonio del matrimonio Mir-Pàmias para su propio beneficio, quedando así fuera de los bienes que la fundación Cellex recibió”. Los investigadores advierten de que Cellex recibió el dinero de las cuentas de las otras dos fundaciones pero no incorporó los activos de las otras sociedades que controlaba. Una de las sociedades cuyo patrimonio fue vaciado fue Pinar SA. En el 2010, la sociedad contaba con 75.167.669,21 euros en activos mientras que en el 2019 se habían reducido a 15.810.807,90.
El nacimiento de Cellex supuso un despegue para la investigación científica en Catalunya. Sus donaciones sirvieron para la creación de centros de investigación biomédica con su nombre en la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona y en el Vall d’Hebron Instituto de Oncología.