Asociaciones de abogados de víctimas de accidentes de tráfico expresan su indignación y manifiestan su enérgico rechazo a enmiendas presentadas al proyecto de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, por entender que esa propuesta solo busca beneficiar los intereses de las aseguradoras a la hora de pagar las indemnizaciones por los siniestros en el asfalto.
Las enmiendas las acaban de presentar los grupos de Junts per Catalunya y ERC en el Congreso. La propuesta, inesperada y planteada en el último momento, “ataca dos pilares fundamentales, como son el logro de unas indemnizaciones adecuadas y los intereses de demora frente a las aseguradoras cuando éstas incumplen sus obligaciones derivadas del seguro de responsabilidad civil”, afirma Manuel Castellanos, presidente de la Asociación de Abogados de víctimas de accidente y Responsabilidad Civil (Anava-RC). Si esas enmiendas prosperan, las víctimas de accidentes de tráfico “serán castigadas por partida doble”, añade Castellanos.
El presidente de esta entidad no esconde su enorme preocupación, por no decir enojo, ante este cambio de guion, que además llega cuando las reformas planteadas en ese proyecto de ley habían sido, asegura, ya ampliamente debatidas.
Unos encuentros en los que se había conseguido, “por primera vez en años consenso entre las asociaciones de víctimas, la administración y el sector asegurador para mejorar el sistema indemnizatorio vigente”, recalca Castellanos.
Se propone cambiar una ley de 1980 que fija un interés del 20% cuando se demora el pago más de dos años
La propuesta de Junts y ERC dinamita ese acuerdo global, sostienen estas entidades, al plantear en esas enmiendas “una modificación de la Ley del Contrato de Seguro, de 1980, para que las aseguradoras no sean penalizadas cuando se demoran en el pago de las indemnización por accidentes de tráfico”. Lo que se propone, añade Castellanos, “es dar un paso atrás en todo lo conseguido hasta la fecha”.
Para ser más gráficos. Lo que piden estos partidos políticos es que las compañías de seguros no sean penalizadas con intereses cuando demoran en exceso el pago de las indemnizaciones. El “castigo” actual fija un interés incrementado en un 50% los dos primeros años de retraso en el pago y de un 20% de intereses a partir del segundo año. Esa penalización solo se aplica cuando el asunto está judicializado y se dicta sentencia.
“Es decir –continúa Castellanos– si hoy una aseguradora no paga a tiempo sin justificación, después tendrá que abonar un interés anual del 20% cuando ese retraso supere los dos años. Es una medida pensada para que las compañías no jueguen con el sufrimiento de las víctimas y que busca acuerdos indemnizatorios rápidos”.
Otro cambio
Que las negligencias médicas salgan más “baratas”
Otra enmienda, que también preocupa, excluye las negligencias médicas del llamado baremo de indemnizaciones, que es la tabla que orienta a la hora de pagar. Eso garantiza compensaciones justas y homogéneas. La excusa para acabar con esta norma es evitar riesgos económicos para el sistema de salud. La protesta a estas enmiendas es generalizada entre los juristas dedicados a la protección de estas víctimas. A la protesta de Anava-RC se suman entidades como Adevi y Adaviac. Todas coinciden en que si triunfan estas enmiendas el retroceso que se dará en la protección en los lesionados de tráfico o afectados por negligencias médicas “será irreparable”. Sería dar al traste, dicen, que con una norma vigente las últimas 40 décadas
Lo que se pretende con esas enmiendas, que Castellanos estima “juegan con total descaro en beneficio de las aseguradoras”, es que esas compañías no sean penalizadas con intereses, más allá del 5 o 6 por ciento. Si esto se aprueba, “todo será mas rentable para las aseguradoras que retrasan los pagos, lo que supone un atentado claro con otra ley, la de eficiencia procesal”, critica Castellanos.
