La ofensiva legal de Aragón contra el real decreto estatal que establece el reparto de menores migrantes no acompañados no cesa. Como ya avanzó que haría a finales de marzo, el Gobierno liderado por el popular Jorge Azcón ha confirmado este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa, que incluye como criterios para su distribución entre las autonomías su población, renta per cápita o el esfuerzo previo realizado en la acogida de niños y jóvenes extranjeros no acompañados. Un texto que el Ejecutivo aragonés rechazó de forma frontal desde un inicio y contra cuyas disposiciones ya ha presentado antes otros dos recursos.
De acuerdo con la consejera de Bienestar Social y Familia aragonesa, Carmen Susín, se trata de un decreto que “vulnera” las competencias autonómicas y “quiebra” los principios de “igualdad y solidaridad” entre las comunidades autónomas. “Es una regulación pactada con un grupo independentista por razones políticas alejadas del interés del menor, a espaldas del resto de comunidades y en aras del interés de Pedro Sánchez”, criticó este martes.
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Además, Aragón insiste en que el mecanismo utilizado por el Gobierno central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicos, en este caso relativas a los menores extranjeros no acompañados que saturan las instalaciones de Canarias, cuya regulación estiman que debe hacerse mediante ley orgánica.
Por eso, el recurso presentado hoy ante el Tribunal Constitucional se interpone en dos niveles: contra su totalidad y, subsidiariamente, contra la práctica totalidad de los preceptos que recoge el texto, al considerar que todos incurren en vicios específicos de inconstitucionalidad.
Migración
Aragón ya ha recurrido la solicitud de datos sobre ocupación y la convocatoria de la Conferencia Sectorial de ayer
Este litigio se suma a los dos recursos contenciosos administrativos que Aragón ha interpuesto hasta el momento contra los actos y requerimientos derivados del cumplimiento del decreto.
El primero se planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la petición del Ministerio de Juventud e Infancia de aportar los datos de extranjeros ya acogidos en la comunidad. Sobre el mismo, Susín ha explicado que las medidas cautelares solicitadas están en suspenso a la espera de que se resuelve la posterior solicitud de inadmisión del recurso judicial planteada por el Estado este pasado viernes.
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Como en ocasiones previas, la consejera ha eludido dar cifras sobre los niños adolescentes migrantes que atienen Aragón o el nivel de saturación que supuestamente hay en los alojamientos, algo que harán si finalmente el tribunal así lo dictamina. “Este no es un gobierno insumiso, cumplirá con lo que la ley dicte”, apuntó.
El segundo recurso, presentado el viernes ante la Audiencia Nacional, iba contra la convocatoria ayer lunes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, anulada a última hora por el apagón eléctrico nacional, una cita que calificó de “trampa” e “imposición”.
