Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE hasta hace menos de tres semanas, llegó ayer por la mañana en taxi a la sede del Tribunal Supremo para declarar, por primera vez, como investigado en la presunta trama de adjudicación irregular de obras públicas, en la que también están encausados el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Y salió poco antes de las dos de la tarde a bordo de un coche policial, rumbo a la prisión de Soto del Real.
El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, estimó que hay “notabilísimos indicios” de la participación de Cerdán en dicha trama, y calculó que los cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas irregulares podrían haberle reportado, tan solo a él, alrededor de cinco millones de euros. De poco sirvió que Cerdán se declarara inocente, afirmara que no se había llevado ni un duro, ni tampoco el PSOE, y concluyera que su único delito era haber trabajado por la existencia de gobiernos de izquierda. El juez, atendiendo la petición fiscal, lo envió a prisión incondicional y sin fianza, por los presuntos delitos de cohecho, de organización criminal y tráfico de influencias.
La entrada en Soto del Real de Santos Cerdán cayó como un mazazo sobre el PSOE y sobre el Gobierno. Es cierto que, sin estar prevista, era una posibilidad, puesto que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón la había pedido, aduciendo riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Pero también lo es que Ábalos y García, los otros dos miembros conocidos del llamado “triángulo tóxico”, que habría abusado de su posición política para lucrarse económicamente, declararon el lunes de la semana pasada ante el Supremo y pudieron, acto seguido, regresar a sus domicilios.
El juez instructor envía a la cárcel al ex alto cargo socialista, que ayer declaró ante el Supremo
La seria expresión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, al ser preguntado ayer sobre Cerdán en la cumbre de la ONU que se celebra en Sevilla, fue muy elocuente. Lo que empezó siendo el caso Koldo, y ahora parece ser ya el caso Cerdán, está convirtiéndose en la mayor crisis reputacional para los socialistas desde que Sánchez llegó a la Moncloa en el 2018. No podía ser de otro modo, porque es consecuencia de la implicación de dos secretarios de organización consecutivos, hecho de por sí ya muy grave, y porque da armas a una oposición que acosa sin tregua al Gobierno, convencida de que eso bastará para derribarle pronto o tarde.
La imagen de Cerdán saliendo del Supremo rumbo a Soto del Real es sin duda muy lesiva para los socialistas. Pero cabe recordar que no es concluyente en términos judiciales. Desde el PP se presentó ayer como prueba de que “el sanchismo va camino de la cárcel”. Pero de momento no hay constancia de que el sanchismo, una corriente con más de tres integrantes, esté enredado en la trama corrupta. Por tanto, mientras la instrucción del caso no halle y despliegue un abanico de indicios más amplio, parece prudente distinguir entre las decisiones judiciales y las extrapolaciones de la oposición.
Sánchez no se equivocó ayer al afirmar que ahora corresponde a la justicia dirimir el caso de Santos Cerdán. Así es. Debe ser la justicia la que acredite responsabilidades para, llegado el caso, castigarlas, y no el PSOE, que un día antes de que estallara el caso todavía defendía, suponemos que ingenuamente, la inocencia del ahora encarcelado. Debe ser la justicia la que falle, si lo hace, contra quienes presuntamente se comportaron de modo delictivo, y no el PP, que va a piñón fijo en su insomne ofensiva antigubernamental.
La decisión judicial supone un nuevo y fuerte golpe para un PSOE ya muy erosionado
La política y la justicia siguen ritmos distintos. En política, y de modo muy notorio en la política española actual, no se escatiman insultos, ya tengan alguna base o no, no se respeta al rival ni, tampoco, la presunción de inocencia. Todo vale con tal de erosionar al oponente, aunque en la empresa se arañe además la propia credibilidad y la honorabilidad de las instituciones. El ansia por descabalgar al rival se expresa con una aspereza abrasiva.
La justicia, en cambio, aspira ni más ni menos que a resolver los problemas surgidos en las relaciones humanas e institucionales, basándose en la equidad, conforme a la ley que nos hemos dado, y con el propósito último de alcanzar el bien común. Naturalmente, este objetivo solo puede alcanzarse con una labor veraz, minuciosa e independiente de otros poderes. Esa es la justicia en la que confiamos y de la que esperamos una conducta irreprochable en la aclaración, hasta sus últimos extremos, de este lamentable caso.