El debate sobre el gasto en defensa

A pocos días de que La Haya acoja la cumbre anual de la OTAN, el incremento del gasto en defensa por los estados miembros va a protagonizar los debates si antes no se llega a una fórmula de compromiso que sea aceptada por los 32 países aliados, algo que en este momento no parece sencillo.

La Alianza Atlántica llega a esta cita bajo la presión del presidente Donald Trump para que todos los socios eleven su gasto en defensa del comprometido 2% del PIB –cifra que se acordó en la cumbre de Gales, en el 2014– hasta el 5%. Una demanda que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, siempre solícito con el inquilino de la Casa Blanca, ha hecho suya y que ha transmitido a todos los estados miembros. Si tenemos en cuenta que más de una docena de países de la Alianza no han llegado aún al 2%, resulta evidente que la idea del 5% para el año el 2035 parece, por decirlo suavemente, poco realista.

De hecho, ningún país, ni siquiera EE.UU., alcanza el 5%. En el 2024, solo cuatro miembros europeos dedicaron más del 3% de su economía a la defensa: Polonia, Estonia, Letonia y Grecia. Para intentar vender mejor la propuesta, Rutte la ha desglosado: destinar un 3,5% a presupuesto militar tradicional y un 1,5% adicional a partidas más amplias de seguridad.

España parece decidida a encabezar la oposición a la exigencia estadounidense. La carta que el presidente Pedro Sánchez remitió a Rutte es clara y rotunda. Reitera su compromiso de alcanzar el 2% este año, pero rechaza subirlo más “porque sería irresponsable y contraproducente” y “debilitaría el proyecto colectivo de la UE”. Y esta es una de las claves de este debate. Porque el futuro proyecto colectivo europeo en términos de seguridad ha quedado claro que ya no puede depender de Estados Unidos.

Trump presiona a la OTAN para llegar al 5% del PIB, objetivo inasumible para la mayoría de socios

Desde su llegada al poder, Trump dejó claro que los europeos debían preocuparse de su propia defensa y de que estaba harto de que EE.UU. fuera el paraguas militar del Viejo Continente, dejando dudas sobre si defendería a aquellos aliados que gasten menos en defensa y amenazando con abandonar la Alianza. Proponer el 5% –algo descabellado para la inmensa mayoría de países miembros– forma parte de la estrategia negociadora de Trump: lanzar un mínimo alto para forzar al resto a moverse.

Y Europa se ha movido. La Unión Europea se ha dado cuenta de que ya no puede confiar su seguridad a EE.UU. y que debe dotarse de mecanismos propios y autónomos para definir una estrategia de defensa común. El objetivo es redoblar las inversiones en este campo para sustituir el papel protector que hasta ahora tenía Washington a través de la OTAN y que el presidente Trump ha puesto en cuestión.

Los Veintisiete aprobaron en marzo un plan de rearme de la Comisión Europea que prevé inversiones por 800.000 millones de euros, de los que 150.000 millones serán prestados a través de un nuevo instrumento europeo y los 650.000 millones restantes los aportarán los estados a cambio de ver relajadas las reglas fiscales sobre el límite de déficit y el endeudamiento en gastos de defensa. Ese gasto debería hacerse con reglas europeas y sobre todo en industria europea, con la vista puesta en lograr la ansiada autonomía estratégica. En este contexto, España defiende –como expresa Sánchez en su carta a Rutte– que esta inversión no puede perjudicar el gasto social y, por tanto, al Estado de bienestar de los europeos.

Europa no tiene por qué aceptar sin rechistar las exigencias de Trump, que pueden pisotear décadas de estrecha relación militar, incluso admitiendo la existencia de riesgos para su seguridad en el flanco este del continente y la amenaza rusa. La respuesta europea debe pasar por el mantenimiento de la OTAN como el pilar que garantice la seguridad transatlántica y que la UE se dote de una fuerza de disuasión suficiente para garantizar su propia defensa común, y para seguir proporcionando armamento a Ucrania, ante la posibilidad de que EE.UU. retire su apoyo militar.

Europa debe alcanzar la autonomía militar para garantizar su defensa común más allá de EE.UU.

Francia, Italia, Bélgica y Eslovaquia, en mayor o menor medida, han manifestado también sus recelos sobre la propuesta trumpista y sus plazos, preocupados sus gobiernos por la estabilidad económica y la mella en sus presupuestos que significaría destinar el 5% de su PIB a la defensa, y porque dedicar dinero público a gasto militar no es popular entre los votantes. La OTAN mantiene negociaciones abiertas y busca alternativas para ofrecer más flexibilidad a los países reacios a aumentar el gasto y poder llegar a La Haya con un acuerdo en porcentaje y plazos para cumplirlo que salve la imagen de unidad. Pero el choque entre la presión de Trump y los países discrepantes, abanderados por España, parece en estos momentos inevitable.

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