Son más de quince años ya de dejadez, degradación e insalubridad los que acumulan las naves industriales abandonadas de la carretera Barcelona, la principal puerta de entrada por el sur a la ciudad de Girona. En el cajón han quedado proyectos que iban a cambiar la cara de una de las principales arterias viarias de la ciudad, por la que transitan a diario los días laborables, más de 25.000 vehículos. Ni rastro de la urbanización con mil viviendas, hotel y zona verde que se anunció en 2009 ni tampoco del instituto que debe levantarse en lo antes era la antigua fábrica Simon. El primero se paralizó por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El segundo va para largo puesto que ni siquiera han empezado las obras de construcción del centro educativo. El edificio de la nueva clínica Girona es un oasis en un tramo de unos 350 metros de deterioro, el que ocupan la decena de naves abandonadas de las parcelas situadas entre los números 140 y 168 de la carretera de Barcelona.
El paso del tiempo no ha hecho más que ir acelerando la degradación de un espacio en el que malviven en la actualidad hasta una cuarentena de personas, que han hecho de las destartaladas, sucias y en muchos puntos peligrosas naves su hogar. Un recinto que se ha convertido en sede de alguna que otra empresa ilegal de albañilería, según denuncian los vecinos de la zona, que a diario ven entrar y salir grandes furgonetas. Temen que algún día ocurra alguna desgracia en su interior. “Todas estas naves amenazan ruina, las personas sin techo que las ocupan protegen las ventanas y huecos exteriores con sábanas, alfombras, cartones... con el consiguiente peligro de caídas”, explica un vecino que declina dar su nombre y que se erige como portavoz de 90 familias que viven en las calles Riu Segre, Riu Fluvià y carretera de Barcelona. Hace unos días, coincidiendo con la elaboración de este reportaje, varios arquitectos municipales inspeccionaban la zona, custodiados por una pareja de agentes de la Policía Municipal. Durante la inspección observaron puntos peligrosos sin forjado o agujeros en las débiles paredes.
Los vecinos de la zona piden al Consistorio que derribe las edificaciones por razones de seguridad
Los vecinos cuentan que muchos de los ocupantes de estas degradadas edificaciones “beben y consumen” y que periódicamente se producen incendios y hay problemas de convivencia. Desde el pasado mes de septiembre, los Bombers confirman que han sido requeridos para apagar tres fuegos declarados los días 23 de septiembre, 24 de diciembre y 9 de enero, que se saldaron sin víctimas. “Esto es un peligro constante, reclamamos al Ayuntamiento que derribe todas esas naves ya, que actúe de forma subsidiaria ante el riesgo evidente para las personas”, pide otro residente de la zona. El Consistorio dice que no tiene capacidad económica para asumir el derribo de las naves, que los vecinos cifran en más de 200.000 euros. Los residentes próximos también se quejan de problemas de convivencia vecinal, la presencia de amianto y de ratas.
Agentes de la Policía Local en una inspección de las naves
Las edificaciones abandonadas eran propiedad en un 80% de una misma empresa que entró en concurso de acreedores en el 2019, la misma que iba a construir unas mil viviendas en la zona en un ambicioso proyecto urbanístico que se quedó en el cajón. Otra es de la Generalitat y la antigua fábrica Simon es titularidad del Ayuntamiento, que debe ceder el solar a Educació libre de cargas para que pueda levantar el instituto.
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A finales de enero, el Ayunbtamiento requirió a sus dueños cerrar los accesos de las naves en desuso y aplicar medidas de seguridad, mientras no se ejecuta urbanísticamente la zona. En estos requerimientos también se insta a retirar la basura acumulada y a hacer “todas las actuaciones necesarias para garantizar la solidez de las edificaciones”. Pero el hecho de que la empresa propietaria del 80% de estas fincas se haya disuelto, dificulta que pueda ejecutar cualquier actuación.
El concejal de Urbanismo, Lluís Martí, anunció en el pleno de este semana a preguntas del grupo municipal del PSC que se ha dado un plazo a los dueños de esas naves para cumplir con esos requerimientos y que si no los cumplen el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria o impondrá multas. Mientras, la tan anhelada dignificación del acceso sur a Girona seguirá esperando.