Hablar de vivienda es hablar de vivir con dignidad. De derechos, de justicia social y de futuro. La emergencia habitacional es un problema estructural que sacude a gran parte de lo que conocemos como occidente.
Las tesis neoliberales siguen basando sus propuestas en la liberalización total del suelo y en fiarlo todo a las reglas del mercado, lo cual acaba favoreciendo a los grandes fondos de inversión y perpetúa el cada vez más intenso proceso de acumulación por desposesión, es decir, concentrar la riqueza en pocas manos a costa de desposeer a la mayoría. Son tesis que se han demostrado fallidas y en buena parte son causa de la situación actual. Desde el gobierno de España, el Govern de Catalunya y los territorios que integran el país, se apuesta por un modelo más justo y redistributivo donde el control y regulación sobre el suelo, siendo el urbano un bien muy escaso y por tanto preciado, es fundamental para abordar la realidad en la que nos encontramos.
En municipios como Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de Besòs y varios barrios de Barcelona, lugares donde confluyen altos índices de vulnerabilidad urbana con precios desorbitados, la situación se torna crítica. Pero como escribía en mi primer artículo en esta tribuna, a grandes problemas, grandes oportunidades: las políticas de vivienda serán clave para contribuir a garantizar la cohesión social.
Una realidad especialmente dura en el Besòs
La urgencia de aplicar políticas transformadoras es especialmente visible en este territorio con alta presión demográfica y mucha demanda de vivienda pero con poco suelo disponible, y donde conviven precios de compra que en algunas áreas superan los 500.000 euros de media con el hecho de que la mitad de las viviendas fueron construidas entre 1950 y 1980, siendo una de cada cuatro anteriores a 1950. Por tanto, con poco espacio para nueva construcción y con un parque residencial que tiene una necesidad imperiosa de rehabilitación, con graves déficits de habitabilidad y eficiencia energética o, en algunos casos, incluso en estado semiruinoso.
A esta situación se suma otro problema de fondo: la pérdida progresiva de vivienda pública por el vencimiento de los regímenes de protección anteriores a 2019. Con el caso extremo de Badia del Vallès de fondo, en el Besòs miles de viviendas pasarán al mercado libre en los próximos años. Además de lo dramático que resulta perder un parque de viviendas levantado con dinero público, la desprotección del parque existente deja en el aire la gestión pública de comunidades vulnerables y pone en riesgo el principio de solidaridad urbana que marca el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya (PTSHC), que exige alcanzar al menos un 15 % de vivienda protegida y asequible dentro 20 años.
Y hablamos de vivienda asequible, no solo de vivienda social y de emergencia, porque la crisis ya no golpea únicamente a los estratos sociales más bajos; también al conjunto de clase trabajadora y clases medias que cada vez tienen más difícil desarrollar su proyecto de vida. Garantizando una vivienda asequible y sostenible, contribuimos a la cohesión social y al derecho de toda la ciudadanía a vivir dignamente, algo que históricamente ha golpeado con crueldad al Besòs.
Panorámica aérea de las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs
Desde los municipios podemos reivindicar nuestra realidad y aportar ideas, pero para ello necesitamos un marco regulatorio que interpela a los gobiernos que concentran la mayoría de competencias en vivienda. La carencia de un pacto nacional y una hoja de ruta clara en la materia durante las últimas décadas es evidente, pero estamos empezando a encarar la dirección correcta. Desde el Gobierno de España se aprobó una Ley de Vivienda que es un buen comienzo, aunque solo será solución si es aplicada en el conjunto del Estado. Y desde el Govern encabezado por Salvador Illa se ha aprobado en menos de un año el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya (PTSHC) y, más recientemente, del Decreto Ley 2/2025 así como medidas de choque como el Plan 50.000 para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelo público.
Ambas estrategias están alineadas con un enfoque que busca una mirada larga sin dejar de responder a la urgencia actual. Una urgencia que no puede ser resuelta únicamente por el mercado, sino que necesita de una actuación pública decidida y coordinada desde todos los niveles de la administración: local, autonómica, estatal y también europea.
Esto implica una transformación profunda del modelo de desarrollo urbano y de las políticas públicas, y es precisamente ahí donde radica uno de los grandes déficits del sistema actual y de la falta de una política clara en la materia en las últimas décadas, donde casi todo fue apostado a la construcción ilimitada en manos del sector privado y al endeudamiento a largo plazo como vía de acceso a la vivienda. El resultado ha sido una oferta rígida y desigual que, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y posterior incremento de los precios, unido a un problema generacional y demográfico del que poco se habla, ha generado exclusión incluso entre las clases medias.
Propuestas desde los municipios
Desde los municipios, aunque con perspectiva regional y europea, debemos hacernos escuchar y podemos elaborar propuestas desde nuestras realidades geográficas y sociales para avanzar hacia la vivienda como derecho fundamental e innegociable.
Tres ejemplos recientes en esta línea: en el Consell de Federació del PSC del Barcelonès Nord aprobamos, el pasado mes de febrero y por unanimidad, una resolución política que sitúa la vivienda en el centro de la acción pública con 10 medidas concretas para el territorio del Besòs. Algunas de ellas tan ambiciosas como la creación de una oficina técnica comarcal dedicada a la rehabilitación y la eficiencia energética, o la prohibición absoluta de albergar usos turísticos en viviendas, como Sant Adrià o Barcelona llevan aplicando desde hace más de un año con el objetivo de eliminar todos los pisos turísticos en 2028.
Otro ejemplo es la alianza de 12 grandes ciudades europeas que está liderando el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para presentar un plan europeo de vivienda y exigir medidas como el acceso directo a fondos europeos para políticas locales de vivienda o que la construcción de pisos quede excluida de las reglas fiscales. Como explicó el alcalde en el Fòrum de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona de principios de mayo, una política residencial basada en tres pilares: el marco regulatorio, la construcción de viviendas y la red internacional de ciudades.
De bien de mercado a derecho fundamental
El último ejemplo lo tuvimos en el pleno municipal de mayo en Sant Adrià, donde aprobamos una moción impulsada por la Federació de Municipis de Catalunya para pedir a la Unión Europea acciones urgentes y concretas para abordar el problema de acceso a la vivienda. Un marco regulatorio europeo con perspectiva local para disponer de más inversión pública y una fiscalidad justa para el gasto público en la construcción de vivienda protegida y para la rehabilitación. En definitiva, para asegurar la vivienda asequible en el conjunto de Europa.
Los tres ejemplos parten de un principio constitucional claro: todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Así lo establece el artículo 47 de la Constitución Española, que también compromete a los poderes públicos a crear las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y apela, en el artículo 33, a la función social de la propiedad privada. Sin embargo, estos preceptos han sido, hasta hoy, más un enunciado aspiracional que una realidad tangible, hasta llegar a una crisis de que se ha convertido en la principal preocupación de catalanes y catalanas, así como de España y de buena parte de Europa. Jóvenes sin posibilidad de emanciparse, vecinos expulsados por la presión turística, ancianos que pierden su casa y un sinhogarismo creciente exigen una respuesta de gran altura moral y política. Es un problema que nos enfrenta a nuestras contradicciones, reflejando lo complejo y paradójico del problema.
Y para abordarlo es necesario redefinir el enfoque estructural: que el valor de cambio esté por debajo del valor de uso significa supeditar la vivienda como bien de inversión para elevarla a derecho fundamental, al mismo nivel que la sanidad, la educación, las pensiones o los servicios sociales. En otras palabras, convertirla en el quinto pilar del Estado del Bienestar.
No dejar a nadie atrás
Esto significa trabajar sobre un pacto nacional que afronte el problema como un reto universal. Aunque es importante destacar que es muy difícil contentar a todas las partes, ya que siempre existen intereses contrapuestos, el papel que nos toca a las administraciones debe ser el de garantizar el acceso a la vivienda para todos y todas, y eso pasa por considerarla como derecho por encima de negocio.
Como se le atribuye al autor sueco Sven Lindqvist, “no es conocimiento lo que nos falta, sino el valor para entender lo que sabemos y sacar conclusiones”. Conclusiones que nos lleven a pactar políticas valientes que garanticen la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar para que nadie caiga en el precipicio de la exclusión.
Para no dejar a nadie atrás.
Jose Antonio Gras Iñigo es 4t Tinent d’Alcaldia i Regidor de Territori Sostenible, Medi Ambient i Benestar Animal de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Responsable de l’Àrea de Territori, Habitatge i Besòs Central de l’Executiva PSC del Barcelonès Nord