Los acuerdos en materia de vivienda suscritos entre el Govern y los comunes han causado malestar y preocupación entre empresarios y sector inmobiliario. Tanto, que la imagen de ejecutivo business friendly con la que saludaron la investidura de Salvador Illa empieza a ser cuestionada. Así lo deslizaron este lunes el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el de la asociación de promotores y constructores (APCE), Xavier Vilajoana, en una comparecencia en la que cargaron con dureza contra algunas de las políticas residenciales que impulsa la Generalitat.
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El motivo del enfado ha sido la batería legislativa que aprobó el martes pasado el Consell Executiu, entre las que se incluye un decreto ley que, entre otras cuestiones, prevé la creación de un registro obligatorio de grandes tenedores (aquellos que tengan cinco o más pisos) y amplía el derecho de compra preferente (tanteo y retracto) de la administración. También, el aumento del impuesto a grandes tenedores, con el incremento del de transmisiones patrimoniales, para el que se crean nuevos tramos impositivos, tal y como presentó la consellera de Economia, Alícia Romero, el jueves pasado junto a la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach. Según el contenido del decreto que explicaron, se duplicará el tope máximo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) del 10% al 20%.
Los promotores afirman que la Generalitat actúa “con ignorancia”
“Van en la dirección contraria de lo que pretenden”, han insistido Sánchez Llibre y Vilajoana durante su intervención desde la sede de Foment. Consideran en este sentido que la nueva legislación, de aprobarse tal y como está prevista, “encarecerá” la vivienda en un momento en que los precios ya están subiendo debido a la falta de oferta y una demanda al alza.
“Queremos que la Generalitat escuche a los profesionales del sector y evitar que este decreto ley se apruebe” en las condiciones que se ha redactado, ha añadido el presidente de la patronal de las grandes empresas catalanas. Si no hay cambios, la medida se convalidará en el Parlament en el periodo de un mes.
Por su parte, Vilajoana, visiblemente enojado, ha tachado estas iniciativas de la Generalitat de “ignorancia suprema” y ha lamentado que se demonice al sector. “Están trasladando su responsabilidad al sector privado”, ha insistido el presidente de APCE, al considerar que las diferentes administraciones no han invertido lo suficiente en vivienda pública en los últimos años. “El 80% de los pisos sociales de Catalunya los ha construido el sector privado”, ha apostillado.
Los empresarios lamentan que, tal y como está elaborado el decreto ley y el acuerdo con los comunes que la conselleria de Economia presentó el jueves pasado, se considerará también gran tenedor a un promotor de vivienda, y no sólo al que adquiera los inmuebles en propiedad. De esta manera, sostienen, se aumentará la carga impositiva sobre la construcción y, por tanto, el precio final de los pisos. “El 25% de los costes de construcción son impuestos”, ha precisado Vilajoana. Desde que se dio a conocer este punto, afirma, se ha disparado la preocupación y el desconcierto en el sector.
Piden que no solo se escuche a ERC y los comunes
Al empresariado le ha sorprendido asimismo que el Govern de Salvador Illa esté aumentando impuestos, cuando, recuerdan, el president se comprometió a no subirlos. “ERC y los Comuns le han dado la investidura a Salvador Illa, pero a la hora de diseñar las políticas de futuro, pedimos que también escuchen al sector privado y a los especialistas para implementar una palanca económica”, ha reflexionado el presidente de Foment.
También en el lado de los propietarios de pisos ha saltado la alarma. Desde Asval, la asociación que agrupa 6.000 propietarios de vivienda en alquiler, de los cuales el 95% son particulares y el resto empresas, consideran que aumentar el IPT “no contribuye a solucionar el déficit de vivienda existente”. Por ello, exigen que esta medida no se aplique a las viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo o a la mejora energética.
Por su parte, la Associació de Propietaris de Catalunya recuerda que la comunidad ya tiene “el ITP más caro del Estado”. “La Generalitat no tiene política de vivienda propia, la que están aplicando es la de ERC y los comunes”, concluye su presidente, Sergi Llagostera
Sánchez Llibre se ha mostrado también crítico con el aumento de la tasa turística y ha avanzado que el sector mantendrá esta tarde una reunión con la Generalitat para tratar el asunto.
