Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las energías renovables, eólica y solar fotovoltaica. Son grandes avances de la humanidad, capaces de generar electricidad a un coste inferior al de los combustibles fósiles y de reducir nuestra dependencia con el exterior. Pero como ocurre con todas las nuevas tecnologías, tiene ventajas pero también algunos inconvenientes. En el caso de la fotovoltaica el problema es que produce electricidad en corriente continua que debe transformarse en alterna para su transporte. Esto genera problemas de sincronización que hacen más frágil y menos segura la red de alta tensión. Sin embargo, “el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado esta debilidad en favor del relato político”, según el economista socialista José Carlos Díez.
Cuando Sánchez llegó al gobierno en el 2018, eligió vicepresidenta a Teresa Ribera para que diseñara la transición ecológica, con el apoyo ideológico de Cristina Narbona. Dos figuras doctrinarias del ecologismo político que subordinaron toda la política energética y la gestión de la red a su objetivo. A través de subvenciones y ayudas públicas se impulsaron las energías renovables hasta convertir España en un país pionero en sostenibilidad con energías limpias.
Acusaciones cruzadas
El Gobierno responsabiliza al sector eléctrico de ser culpable por codicia; los operadores privados le devuelven la pelota por no haber regulado correctamente
El problema es que no se dijo toda la verdad sobre la energía solar y eólica. Es cierto que son más baratas que el resto, su coste fundamental es la inversión en las instalaciones y su mantenimiento. La cuestión es que al ser tan distintas a las energías tradicionales es necesario crear y mantener un sistema paralelo. Es decir, un plan B capaz de compensar las fuertes oscilaciones que a veces se producen en la red, con el fin de evitar un apagón general como el que se produjo el pasado 28 de abril. Esto significa que para tener un sistema realmente seguro es necesario no solo tener aprovisionamiento renovable, sino también una generación clásica y un sistema de baterías. Una serie de requisitos que son imprescindibles y que elevan el coste de las energías renovables.
El Gobierno decidió mirar hacia otro lado. Reconocer públicamente un encarecimiento del precio de la electricidad por el uso masivo de energías limpias resultaría muy impopular. Además, sería un factor inflacionista que disminuiría el poder de compra de los salarios y, por supuesto, frenaría el abandono acelerado de las energías contaminantes.
Xavier Cervera
Por su parte, las eléctricas, que funcionan a golpe de regulación, tampoco implantaron por iniciativa propia un sistema de seguridad. Evitar el riesgo de un gran apagón iba contra su cuenta de resultados y frenaba unas inversiones que cada vez son más necesarias en una economía electrificada. Es decir, en la medida en que la responsabilidad de velar por la seguridad de la red no es de Iberdrola, Endesa o Repsol decidieron no hacerlo.
Esta “conspiración del silencio” ha saltado por los aires con motivo del gran apagón. El Gobierno responsabiliza al sector eléctrico de ser culpable por codicia. Por su parte, los operadores privados le devuelven la pelota por no haber regulado correctamente. Todos los expertos dirigen el dedo acusador hacia REE, ahora Redeia. La tesis generalizada es que el operador aprovechó que el lunes 28 de abril era semifestivo para diseñar un mix energético con más del 70% de fotovoltaica y eólica y muy poca potencia firme (nucleares, hidráulica y gas). El experimento y la osadía les estalló entre las manos. De hecho, se corrigió inmediatamente para restablecer el sistema con un mínimo del 40% de potencia firme.
Determinar el culpable no es solo una cuestión política. Es mucho lo que está en juego. El responsable tendrá que pagar indemnizaciones milmillonarias, por esto se vuelve a guardar silencio.
Territorializar la red
Otro de los mitos que se ha derrumbado con el gran apagón ha sido que España tiene la mejor red de alta tensión del mundo. Su supuesta fortaleza le viene dada porque es una red mallada en toda la península Ibérica. Sin embargo, algunos especialistas aseguran que mientras no haya una interconexión suficiente con Europa sería necesario territorializar la red. Igual que los barcos tienen compartimentos estancos o los bosques cortafuegos. Así se evitaría el efecto contagio. Tesis que ya han empezado a defender los independentistas catalanes.